Ramírez Cuéllar propone eliminar el fuero para legisladores y gobernadores en México

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar presentó una propuesta legislativa para eliminar el fuero constitucional que actualmente protege a legisladores y gobernadores en el país. El planteamiento busca que los servidores públicos de alto nivel puedan ser sujetos a procesos penales sin la necesidad de un juicio de procedencia previo, equiparando su situación jurídica ante la ley con la de cualquier ciudadano.

Durante la presentación de la iniciativa este sábado, el legislador argumentó que esta medida es necesaria para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones públicas. Según el equipo de trabajo del diputado, la eliminación de esta figura jurídica no representaría un retroceso en los derechos humanos ni en la estabilidad política de las entidades federativas.

Ramírez Cuéllar enfatizó que la propuesta contempla salvaguardas legales para evitar el uso político de la justicia. De acuerdo con su postura, el retiro del fuero no afectaría bajo ninguna circunstancia la presunción de inocencia, el debido proceso ni el derecho a una defensa adecuada, principios que, según afirmó, se mantendrían intactos en cualquier investigación iniciada por la Fiscalía General de la República o las fiscalías locales.

La iniciativa se integra en el debate actual sobre la austeridad y la ética en el servicio público, un tema que ha generado diversas opiniones en la Cámara de Diputados. El legislador ha llamado a los distintos grupos parlamentarios a analizar la propuesta durante el próximo periodo de sesiones, con el objetivo de discutir la viabilidad de modificar la Constitución en materia de inmunidad procesal.

De prosperar esta propuesta en el Congreso de la Unión, se requeriría una mayoría calificada para proceder con la reforma constitucional. Por ahora, el documento se encuentra bajo análisis de las comisiones correspondientes, donde se espera que se realicen mesas de trabajo para evaluar los alcances y posibles repercusiones de retirar esta protección legal a los representantes populares y gobernantes estatales.