martes, 13 de octubre de 2026
México

Desalojo en Cayos Cochinos genera protestas contra intereses empresariales en Honduras

Pobladores originarios de Uva fueron retirados de sus tierras por órdenes judiciales, provocando movilizaciones sociales en contra de los proyectos vinculados a Ricardo Salinas Pliego.

Redacción El Anticipo
Foto: regeneracion.mx

Habitantes de la comunidad de Uva, ubicada en el archipiélago de Cayos Cochinos en Honduras, fueron desalojados de sus asentamientos durante este fin de semana. La acción fue ejecutada por elementos de seguridad locales tras recibir una orden emitida por un juez, lo que ha detonado una serie de protestas por parte de los pobladores originarios que reclaman el derecho a permanecer en sus territorios ancestrales.

Los manifestantes señalan que el desalojo responde a los intereses de proyectos turísticos y comerciales vinculados al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego en la región. Según los integrantes de la comunidad, la presencia de estos proyectos ha generado una tensión constante sobre la tenencia de la tierra y el acceso a los recursos naturales del archipiélago, zona que cuenta con diversas protecciones ambientales y sociales.

El conflicto ha escalado a nivel diplomático, pues diversos grupos civiles en México han comenzado a exigir que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se pronuncie sobre la situación de los derechos humanos en el área. Los afectados denuncian que la ejecución de la orden judicial se llevó a cabo sin considerar la antigüedad de sus asentamientos ni las medidas de protección que, aseguran, deberían salvaguardar a las poblaciones originarias frente a desarrollos privados.

Por su parte, los representantes de los grupos afectados sostienen que continuarán con las movilizaciones pacíficas hasta obtener una mesa de diálogo con las autoridades hondureñas. Exigen que se revisen los términos de la concesión y el impacto que las inversiones privadas tienen sobre el tejido social de Cayos Cochinos, buscando una solución que garantice la seguridad jurídica de las familias desplazadas.

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